Los gremios de transporte urbano en Perú confirmaron que el próximo 15 de enero realizarán un paro en Lima y la provincia del Callao, en respuesta a la creciente violencia que padecen los conductores de transporte público. 

La medida, anunciada por Transportes Unidos, busca visibilizar la ola de extorsiones y atentados que ha dejado decenas de víctimas en los últimos meses.

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Martín Ojeda, vocero de la organización, explicó a la prensa local que unas 12.000 unidades se sumarán a la paralización, lo que representa cerca de la mitad de las empresas que operan en la capital. 

Según el dirigente, la situación es insostenible: entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 fueron asesinados 73 trabajadores del sector, y en lo que va de 2026 ya se registran tres nuevas muertes.

En las últimas semanas, dos compañías de transporte sufrieron ataques con explosivos en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, zonas densamente pobladas de Lima. Para Ojeda, estos hechos confirman que las autoridades no han logrado frenar la expansión de las bandas criminales que operan bajo la modalidad de la extorsión.

El gobierno decretó un estado de emergencia en Lima y el Callao, medida que fue prorrogada recientemente. Sin embargo, los transportistas consideran que esta acción es insuficiente y la califican como un recurso mediático. “La prevención es nula. No necesitamos grandes despliegues militares en estaciones de tren, sino presencia efectiva y distribuida en los puntos críticos”, señaló Ojeda, subrayando que la seguridad debe ser un trabajo coordinado entre fuerzas policiales y militares.

La convocatoria al paro refleja el hartazgo de un gremio que ha realizado múltiples protestas en los últimos años. Los transportistas denuncian que la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática y que los ataques buscan sembrar miedo para garantizar el pago de cuotas ilegales. 

Rechazo desde el Gobierno

Desde el Ejecutivo, la respuesta fue inmediata. El primer ministro Ernesto Álvarez rechazó la medida y aseguró que detrás de la protesta existen motivaciones políticas vinculadas a las elecciones generales de abril y a los comicios regionales y municipales de octubre. “Hay intereses electorales y pugnas internas dentro del sector transporte. No se trata solo de inseguridad, sino de disputas políticas y económicas”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Álvarez incluso sugirió que algunos empresarios del transporte estarían vinculados a las mismas bandas criminales que hostigan al gremio. Según el funcionario, un paro no resolverá la crisis de seguridad, que calificó como un problema estructural de largo plazo. “Los resultados concretos se verán en años, no en semanas”, sostuvo.

La confrontación entre transportistas y gobierno revela la profundidad de la crisis social que atraviesa Perú. Mientras los gremios insisten en que la paralización es una medida de defensa frente a la violencia, las autoridades buscan deslegitimar la protesta atribuyéndole fines políticos. En medio de este cruce de acusaciones, la ciudadanía se prepara para enfrentar un día de caos en la movilidad urbana peruana.

El paro del 15 de enero será un medidor de la capacidad de los gremios para presionar al Estado y de la respuesta gubernamental frente a una inseguridad que golpea a todos los sectores sociales.

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